Comunicado de la HOAC y la JOC. Hace
tiempo que los gobiernos, con el pretexto de la crisis económica, están
tomando decisiones que suponen un grave retroceso en los derechos
laborales y sociales de personas y familias. Estas políticas están
afectando muy negativamente al conjunto de la sociedad y, en particular,
a las personas y familias más empobrecidas y vulnerables. Como ya hemos
manifestado en otras ocasiones, consideramos estas políticas
equivocadas e injustas. El actual Gobierno de España está llevando hasta
el extremo estas políticas contrarias a los derechos laborales y
sociales de personas y familias.
Entre
estas decisiones se están tomando algunas que imponen recortes en el
ejercicio de un derecho básico de las personas, en el acceso a una
sanidad pública que atienda debidamente el derecho a la salud de las
personas y a la debida atención sanitaria. Y dentro de ellas se ha
tomado la decisión de que, desde el próximo 1 de septiembre, a las
personas inmigrantes que no tienen regularizada su situación
administrativa, se les negará la tarjeta sanitaria y, por tanto, la
atención sanitaria que puedan necesitar (con excepción de las urgencias y
la atención a menores de edad y mujeres embarazadas).
La
Juventud Obrera Cristiana (JOC) y la Hermandad Obrera de Acción
Católica (HOAC), consideramos que esta decisión es especialmente injusta
e inmoral. Porque estamos ante un retroceso en el reconocimiento del
acceso universal a la sanidad (que es lo justo) y, sobre todo, porque
supone excluir de este derecho a personas especialmente vulnerables y
empobrecidas (y atenderlas debidamente es lo moral). Con el Papa Juan
Pablo II, consideramos que “apenas hay una señal más eficaz para medir
la verdadera estatura democrática de una nación moderna que el
comportamiento que muestra para con los inmigrados” (Homilía en
Guadalupe, España, 1982). Personas a las que una legislación injusta ha
dejado en una situación irregular administrativamente, ahora se les
considera de inferior categoría en el acceso a derechos básicos. Es una
desigualdad absolutamente inmoral.
Es
una injusticia y una inmoralidad que niega un principio básico de
humanidad en el que ha insistido la Doctrina Social de la Iglesia: “Todo
emigrante goza de derechos fundamentales inalienables que deben ser
respetados en cualquier situación” (Consejo Pontificio para la Pastoral
de los Emigrantes, “Erga migrantes caritas Christi”, n. 5). Principio
que los obispos españoles han concretado de forma que nos parece
especialmente importante para una situación como la actual: “Para la
Iglesia, el emigrante, independientemente de la situación legal,
económica, laboral, en que se halle, es una persona con la misma
dignidad y derechos fundamentales que los demás, es un hijo de Dios (…) El inmigrante no es “una fuerza de trabajo”, sino una persona.
Con esto está dicho todo lo que a dignidad humana y derechos
fundamentales se refiere” (Conferencia Episcopal Española, “La Iglesia
en España y los Inmigrantes”, n. 5).
Por todo ello, la HOAC y la JOC:
1º.-
Rechazamos la decisión adoptada por el Gobierno de España, por injusta e
inmoral, y le pedimos una inmediata rectificación, devolviendo a los
inmigrantes lo que en justicia les pertenece.
2º.-
Pedimos al conjunto de la sociedad y a las organizaciones sociales que
se opongan a esta decisión y hagan lo posible por modificarla.
3º.-
Invitamos a las comunidades cristianas y al conjunto de la Iglesia a
asumir la especial responsabilidad que tenemos en la defensa de los
derechos de justicia de quienes son más pobres y vulnerables.
Madrid, 4 de mayo de 2012
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